«Con la comida no se juega», protesta del campo

por Dani G.R.

Durante estas últimas semanas se han sucedido en nuestro país una serie de movilizaciones en defensa del campo. Las mismas han sido utilizadas como arma arrojadiza desde ambos lados del espectro político. Por un lado tenemos una derecha que, a pesar de llevar años abrazando políticas contrarias a los intereses del sector primario, ha tratado de apropiarse del movimiento, y por el otro, a una izquierda que nos pinta estas movilizaciones como quedadas de señoritos. Por eso desde Regeneración hemos querido dedicarle unas líneas a explicar lo sucedido y posicionarnos al respecto.

En primer lugar debemos destacar que el sector primario es algo esencial no solo para la economía de un país sino para su supervivencia. Como siempre han dicho nuestros mayores “con la comida no se juega”. Por eso es de vital importancia posicionarnos y luchar por un modelo agrícola sostenible que permita a los trabajadores agrarios vivir dignamente y que garantice alimentos suficientes y de calidad a todos los habitantes de nuestro país.

Posteriormente, debemos realizar una breve introducción explicando cual es el punto de partida, en qué situación se encuentra el campo actualmente y cuales han sido sus tendencias en las últimas décadas. La España preconstitucional era un país tradicionalmente agrario, donde su modelo productivo se caracterizaba por una abundante mano de obra, bajos salarios, escasa inversión en innovación y en mejoras de la productividad, un mercado nacional pequeño y relativamente cerrado junto con medidas proteccionistas y fijación de precios en productos clave. Esto permitía la supervivencia de los pequeños tenedores de tierra a la vez que aseguraba beneficios estables a los grandes terratenientes. Tras la entrada de nuestro país en la Unión Europea este status quo se vio afectado por varios factores, de entre los que podemos destacar:

• La reducción de la mano de obra barata que comenzó a emigrar a las grandes ciudades en busca de un empleo en el sector industrial o en el sector servicios, esto hizo que fuese necesario una inversión en mejoras productivas difícilmente asumible para los pequeños tenedores.
• Cambios en la demanda alimentaria dentro del mercado nacional y aumento del mercado potencial de consumidores a toda la Unión Europea
• Fin de las medidas proteccionistas, con aumento de la competencia con productores de otros países, sin embargo esta competencia se veía torpedeada al impedir la Unión Europea que España compitiese con sus mejores bazas: los bajos precios y las altos niveles de producción. Esto se hizo mediante el establecimiento de cuotas máximas de producción, por ejemplo al vino, y mediante la obligatoriedad de aumentar el precio de determinados productos, como por ejemplo en el aceite.

Todos estos factores provocaron una caída de la agricultura en el Valor Agregado Bruto del 3,48% en 1980 al 1,85% en 1990 [1]. Esta situación se ha visto exacerbada por las malas decisiones tomadas en las décadas posteriores. Así, actualmente, nuestro sector agrícola enfrenta, principalmente, los siguientes problemas:

• Incremento de los costes. Los recientes acontecimientos geopolíticos, y el mal posicionamiento de nuestros políticos ante ellos, han supuesto una subida enorme del precio de las semillas, la energía y de los fertilizantes además de un incremento notable de la dificultad para obtener suministros. Este incremento en coste no se puede trasladar, o al menos no del todo, al precio de venta del producto, debido a la existencia de intermediarios con alto poder de mercado, lo que supone una reducción de los márgenes de beneficios de los productores.
• Desigualdad regulatoria. Las medidas impuestas a España desde la Unión Europea en pos del ecologismo y la calidad alimentaria no suponen sino trabas que no se le exigen a los productos de terceros países con los que se firman acuerdos de libre comercio. En este caso España resulta especialmente damnificada frente a países vecinos como es el caso de Marruecos.

Esta situación implica:

• La desaparición de los pequeños productores, las únicas explotaciones agrícolas que resultan rentables son las grandes y por ello la tierra se concentra cada vez en menos manos. Pese a ellos las grandes empresas que controlan la tierra tienen cada vez más beneficios. Así el Censo Agrario 2020 publicado por el INE en el 2022 señalaba que, en los últimos 10 años, la tierra de cultivo había variado solo un 1% pero el número de explotaciones agrícolas había disminuido un 8%.
• La dependencia alimentaria de la Unión Europea en general y de España en particular de terceros países. Estos establecen medidas tremendamente proteccionistas de sus productos, utilizan fertilizantes y pesticidas no permitidos dentro del espacio de la Unión Europea y carecen de las exigencias burocráticas impuestas a los agricultores españoles desde Bruselas. Con todo ello nuestros productos no pueden competir a nivel precio ni en el mercado nacional, ni en el europeo y mucho menos en el exterior. Todo esto supone caídas en la producción actual y prevista de productos clave, como puede ser el tomate o la patata, mientras se producen incrementos actuales y previstos en las importaciones de estos productos desde terceros países.

Así pues en pocos conflictos como en el que actualmente tratamos se puede observar con mayor facilidad la dialéctica de clases y la dialéctica de estados. Por un lado observamos como los grandes latifundistas, intermediarios y grandes cadenas de alimentación están exprimiendo al pequeño y mediano productor, al verdadero trabajador agrícola, mientras que por el otro lado podemos ver como la Unión Europea, una vez más, se pega un tiro en el pie y basa el suministro de productos básicos en terceros países. Los buenos resultados de emplear estas políticas en otras materias cruciales como pueden ser la energética hacen a nuestros políticos pensar que es buena idea seguir los pasos en materia alimentaria.

Así desde Regeneración no podemos sino posicionarnos a favor de los agricultores que estas semanas están manifestándose a lo largo y ancho de nuestro país y apoyarles en sus reivindicaciones. En contra de la derecha, que a pesar de enarbolar la bandera nacional impulsa políticas liberalizadoras contrarias a los intereses de los agricultores españoles y denosta la fijación de aranceles y otras medidas que hagan menos atractivos los baratos productos extranjeros  y en contra de la izquierda que bajo su hipocresía ecofriendly solo defiende los intereses del gran capital impidiendo que los pequeños y medianos productores agrícolas puedan llevar a cabo su actividad.

Por eso, en este conflicto resulta especialmente necesario reclamar una vez más soberanía política y económica para nuestra nación y una vía española al socialismo, en contra de un sistema basado en la explotación del pueblo trabajador.

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[1] Estudio del Consejo General de Economistas y la Cámara de España “+45 años de evolución de los principales sectores de la economía española (1975-2022)”