El Instituto Nacional de Industria, músculo necesario para convertir España en potencia emergente.

por José Julio Cuevas Muela, director de la revista

El Instituto Nacional de Industria (INI) fue una institución estatal española creada por Ley el 25 de septiembre de 1941 cuyo objetivo era crear, financiar y supervisar empresas de carácter mercantil, en especial aquellas que tengan como fin el desarrollo del poder militar y un músculo económico capaz de ofrecer una independencia económica y productiva. A grandes rasgos, fue un holding estatal dedicado a la política industrial gracias al cual fue posible un desarrollo económico, industrial y tecnológico en España. Esto quiere decir, que era una institución dominante de un grupo de empresas subordinadas, pudiendo controlar todas sus acciones y suponiendo un ejemplo claro de planificación económica española. No obstante, su actividad se basaba en la creación de sus propias empresas y la participación en otras compañías en consonancia con el sector privado; controlando así la gestión y estableciendo las estrategias económico-productivas, atendiendo a las directrices del gobierno. También proporcionaba inversiones económicas a sus empresas y los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y productivos marcados políticamente, actuando como ente financiero.

Inicialmente, los recursos fueron para construir una industria basada en tres sectores que primer presidente, Juan Antonio Suanzes, llamó trilogía industrializadora: electricidad, hierro y carbón. Con el tiempo, fueron incorporándose otros sectores, como transportes, construcción naval, refinamiento de petróleo, automoción, etc. Tal y como indica la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el INI fue durante largo tiempo el principal grupo empresarial de España y uno de los 10 más importantes de la Comunidad Europea^[1]. Su fuerza fue de tal magnitud que tuvo una participación mayoritaria en casi 180 empresas españolas, cuya plantilla superaba los 250.000 trabajadores en 1980. Empresas representativas de este complejo industrial español nacionalizado fueron ENDASA, ENDESA, SEAT, Santa Bárbara, Iberia, AVIACO, MTM, Repsol, Gas Natural, ENCASUR, Telefónica, Indra, Argentaria, etc.

Para que una nación política aspire a una soberanía nacional, debe primero desarrollar un armatoste industrial que le otorgue una capacidad productiva del más alto nivel. La especialización o circunscripción casi exclusiva en un solo sector, deviene en una dependencia económica y de productos de países terceros, con la consecuencia de una posible subordinación. La industria ha sido el pilar fundamental de las grandes potencias —incluidas aquellas amantes del mitológico libre mercado como EEUU y Gran Bretaña, que si llegaron a la cúspide de poderío económico actual fue gracias a la intervención estatal y la planificación— sin el cual no puede haber un desarrollo económico pleno. Esta concede puntos indispensables para el desarrollo nacional, como son la productividad paulatina y especializada, la innovación —a través de la simbiosis I+D+i— y la ampliación técnica en el resto de sectores, pudiendo crear puestos de trabajo idóneos para todas las especializaciones, evitando la tan hiriente fuga de cerebros. Los aumentos de prosperidad son latentes en aquellas zonas que mantienen un sector industrial fuerte, gracias a la cual es posible una transformación y modernización puntera en el país en cuestión; ya sea en el ámbito militar, económico, formativo o tecnológico. María Muñoz en el periódico El Español resumía en pocas palabras que la industria tiene un gran impacto en la balanza comercial; aporta gran progreso tecnológico; mayor capacidad para generar empleos de calidad y estables, de mayor cualificación y mejor remunerados^[2].

Aquí la problemática estriba en que España, para poder ser europea —es decir, país miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE) — tuvo primero que acabar con su sector productivo industrial que la había convertido en la octava potencia en este ámbito. El encargado de liquidar este sector que posibilitaba bajos precios en productos y bienes básicos para las familias de clase obrera —además de una situación laboral fija próspera que te daba posibilidad de asentar perspectivas de futuro personales y familiares— y una alta productividad y riqueza económica estratégica nacional, fue el gobierno de Felipe González con aquella reconversión industrial de 1983. Condición sine qua non para ser aceptado como país europeo (como si antes España estuviera ubicada en la Antártida) en la estela del chiringuito de la Unión Europea —brazo político de la OTAN— que nos obligó, mediante la división internacional del trabajo, a especializarnos en el sector terciario. En pocas palabras, convertirnos en el patio trasero y el macrochiringuito de los europeos —para servirles copas en un perfecto inglés con una carrera de ingeniería— y en constructores inmobiliarios; estableciendo un neocolonialismo encubierto de progreso, avance democrático liberal y europeísmo resiliente donde España aparece en los planes y programas de la Comisión Europea —que ningún ciudadano ha elegido democráticamente— como complejo turístico de ocio y descanso, homologable a muchos países del Sur Global. Lo que nos convierte en un país con intereses comunes con los países del Sur Global, organizados en torno a los BRICS, OCS o MERCOSUR, que son quienes les están pegando una patada al orden unipolar establecido por el Occidente anglosajón en 1991.

^[1] Organismos | SEPI. (s.f.). SEPI. https://www.sepi.es/va/conozca-sepi/organismos.

^[2] Muñoz, M. (2024, 11 de enero). España necesita a su industria. El Español. https://www.elespanol.com/invertia/opinion/20240111/espana-necesita-industria/823537653_12.html#:~:text=El%20sector%20industrial%20es%20motor,y%20reforzar%20la%20competitividad%20global.